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SUSCRIBITEEl Gobierno nacional denunció a la jueza Karina Andrade quien fue la que ordenó la liberación de los detenidos tras los incidentes en el Congreso.
El Gobierno denunció a la jueza que liberó a los detenidos por los incidentes en el Congreso
La presentación del Gobierno nacional contra la jueza Karina Andrade fue realizada por Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich, donde acusa a la magistrada de los delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
Según se supo, la denuncia fue presentada a las 07:30 en el Juzgado Federal de María Servini y en la fiscalía de Eduardo Taiano. En ella, el Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos señaló la presencia de "grupos organizados de barras bravas" de diversos clubes de fútbol, incluyendo Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús y Los Andes, entre otros, en la marcha al Congreso.
La denuncia sostiene que estos grupos "actuaron de manera organizada y premeditada", atacando a las fuerzas de seguridad con armas blancas, piedras y armas de fuego, incendiando objetos de la vía pública, una moto policial y un patrullero. También se registraron daños a bienes públicos y lesiones a más de una docena de policías.
Según el documento presentado, "la violencia ejercida fue premeditada y organizada", ya que los manifestantes llegaron con palos, fierros, cuchillos, clavos tipo "miguelito" y otros elementos destinados a la agresión. Además, se afirma que la movilización tuvo como objetivo provocar disturbios y generar "represión" por parte de las fuerzas de seguridad.
El Gobierno argumenta que los delitos denunciados incluyen daño, resistencia a la autoridad y lesiones, además de sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, por lo que la causa debería ser traspasada a la Justicia Federal.
Entre las acusaciones contra la jueza Andrade, el Gobierno sostiene que:
Omitió la aplicación de normas procesales y "se inventó" un procedimiento propio, arrogándose facultades del fiscal y otorgando la libertad a los detenidos en flagrancia.
Dictó su resolución a través de WhatsApp, sin intervenir formalmente en las actuaciones de la fiscalía.
Creó un grupo de "mensajería instantánea" con la fiscalía y la defensa en turno, permitiendo que la defensa hiciera planteos de nulidad sin haber sido designada por ningún imputado.
Liberó a 114 detenidos sin verificar sus antecedentes penales ni controlar la prueba.
Frustró la investigación al liberar a los detenidos sin justificación legal, incurriendo en prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento.
Tomó una decisión "basada en pura ideología" y con una "intención política".
Justificó su acción con el argumento de que "no había lugar para alojar a los detenidos".
El Gobierno enfatiza que "tirar piedras, quemar patrulleros y destruir bienes públicos no son formas legítimas de reclamar, sino delitos". La denuncia contra la jueza Karina Andrade busca que se investigue su accionar y se determine si incurrió en faltas graves en el ejercicio de su función.
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