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SUSCRIBITELa Sindicatura General de la Nación (SIGEN) comenzará con la auditorías a las universidades para determinar qué hacen con los fondos del Estado.
Universidad de Buenos Aires.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) iniciará el próximo 28 de octubre una serie de auditorías en las universidades nacionales. La Universidad de Buenos Aires (UBA) será la primera en ser revisada. El organismo, a cargo de Miguel Blanco, tiene como misión verificar la correcta aplicación y rendición de fondos transferidos por la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
La medida, que fue comunicada formalmente al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, implica la llegada de un equipo de cuatro auditores que se instalarán en la sede del Rectorado y la Facultad de Ciencias Económicas para evaluar los sistemas de control administrativo y financiero. Esta iniciativa es parte de un plan más amplio del gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, que busca asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a las universidades.
Uno de los principales focos de la auditoría será el análisis de los convenios firmados entre la UBA y diversas reparticiones del Poder Ejecutivo Nacional, así como la gestión de las áreas administrativas encargadas de ejecutar esos acuerdos. También se evaluarán los procedimientos internos relacionados con la administración de los fondos, incluyendo la rendición de cuentas que debería realizar la propia universidad.
En la nota enviada al rector Gelpi, se solicita la designación de un enlace que será el responsable de proporcionar la documentación requerida por los auditores. Además, se le ha pedido que destine un espacio físico adecuado donde el equipo auditor pueda analizar la información y los contratos relacionados.
La decisión de auditar las universidades nacionales llega en un momento de tensión entre el gobierno y las autoridades académicas, especialmente tras el veto presidencial al financiamiento universitario, una medida que generó protestas y tomas de edificios en distintas casas de estudio. En este sentido, las declaraciones de Milei sobre la gratuidad universitaria han generado un fuerte malestar. El presidente expresó que la universidad gratuita, en un país donde la pobreza infantil es alta, "termina siendo un subsidio de los pobres hacia los ricos".
Estas palabras no tardaron en provocar respuestas dentro del ámbito académico. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, criticó duramente al mandatario, acusándolo de buscar desfinanciar y desprestigiar a las universidades públicas. "Más de la mitad de nuestros estudiantes son los primeros en sus familias en acceder a estudios superiores. Sería bueno que el Presidente se acerque a una clase para ver la realidad", declaró Yacobitti, subrayando el rol social que cumplen las universidades públicas en Argentina.
La base legal para estas auditorías se encuentra en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.º 24.156, que permite la supervisión de organismos que reciben fondos del Estado. Aunque tradicionalmente esta tarea era realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), un cuerpo colegiado que responde al Congreso, la reciente resolución firmada por la Procuración del Tesoro habilita a la SIGEN a realizar este tipo de control en las universidades nacionales.
El dictamen firmado por Rodolfo Barra, titular de la Procuración, aclara que el control interno no vulnera la autonomía universitaria garantizada por la Constitución Nacional. En palabras de Barra, "el sistema de control interno previsto en la Ley N.º 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, siempre que no contradiga la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera de las mismas".
Las auditorías en universidades nacionales se enmarcan dentro de un plan más amplio del gobierno de Milei, que busca asegurar la correcta asignación de los recursos en un contexto de crisis económica y ajuste fiscal. La SIGEN adelantó que estas revisiones no se limitarán a la UBA, sino que se extenderán a otras casas de estudio que reciben fondos públicos.
Según fuentes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, el objetivo es que las universidades nacionales cumplan con los mismos estándares de control que se exigen en el resto de la administración pública. "No queremos cerrar las universidades, las queremos cuidar, y para eso hay que auditarlas", aseguró el presidente Milei en su última intervención pública sobre el tema.
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